La UE prolonga hasta 2018 las ayudas al carbón, pero condicionadas al cierre de las minas

 

David Hammerstein Mintz

 Los Estados miembros aprueban por mayoría una nueva propuesta de la Comisión Europea que plantea una reducción paulatina de las subvenciones al sector a partir de 2013.

Los veintisiete países miembros de la Unión Europea alcanzaron durante la tarde de ayer en la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) un acuerdo que suponen ampliar las ayudas al carbón hasta 2018, pero que implica el cierre de las explotaciones deficitarias -entre ellas, todas las españolas- en esa fecha. El pacto alcanzado en el Coreper, que deberá de ser ratificado mañana viernes por el Consejo de Ministros de Competitividad, contó con la única posición contraria de Suecia. En este caso, Dinamarca y Holanda, que se habían opuesto al mismo hasta ahora, dieron finalmente su visto bueno tras la última propuesta realizada en la mañana de ayer por la Comisión Europea. Propuesta que también fue adoptada por la presidencia de turno de la UE, que corresponde durante este periodo a Bélgica.

De hecho la «Propuesta de Decisión del Consejo relativo a la ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas» figura ya entre los asuntos que abordarán los Ministros de Industria, entre ellos el español Miguel Sebastián, en el Consejo del viernes. Eso sí, lo hace entre los asuntos bajo el epígrafe de «acordados», sobre los que ya no se suscitará debate alguno.

El acuerdo fue posible después de que el colegio de Comisarios accediera -como propugnaban España, Alemania, Rumanía y Polonia- a extender las ayudas hasta el 2018, cuatro años más que los propuestos inicialmente, aunque siguió vinculando las mismas al cierre de las explotaciones. Algo a lo que accedieron finalmente los estados miembros -entre ellos España-, pese al clamor contrario que se ha levantado en el sector minero del país desde hace semanas.

Además, el acuerdo recoge una fuerte reducción de las subvenciones, aspecto éste que fue el que más debate suscitó en la reunión del Coreper durante todo el periodo de vigencia del nuevo reglamento. Así, las ayudas deben de haberse reducido en un 25% en 2013, al 40% a finales del 2015, al 60% en el 2016, y al 75% en el 2017. Así, hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en el que las explotaciones que hayan recibido ayudas estatales deberán poner «irrevocablemente» fin a su actividad. El acuerdo alcanzado deja bien claro que las ayudas están sujetas a la presentación de planes de cierre, y que aquellas minas que hayan recibido ayudas durante los ocho años y no pongan fin a su actividad en la fecha marcada, deberán devolver las mismas. Eso sí, los Estados miembros podrán dar otro tipo de subvenciones hasta 2027, en este caso para recolocar a trabajadores, prejubilaciones, y rehabilitación y limpieza de las minas.

El Comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, ya había comentado cuando hizo público el acuerdo del ejecutivo comunitario de permitir las ayudas hasta el 2018 que estas subvenciones se reducirían de forma «progresiva y lineal» hasta su eliminación total en 2018. «No aceptaremos un compromiso bajo un camino distinto del de la reducción progresiva», señaló Almunia ayer.

El acuerdo alcanzado en la Unión Europea no colma mayoritariamente las aspiraciones que se ha venido manifestando en las últimas semanas desde el sector. Por la parte empresarial consideran «una sentencia de muerte para la minería del carbón en España». Es más, apuntaban ayer que «la mayor parte del sector cerrará mucho antes del 2018».

Cabe recordar aquí que el Parlamento Europeo aprobó a finales del pasado mes de noviembre una resolución que también proponía extender las ayudas hasta el 2018, pero dejaba a la decisión de los estados miembros el ritmo de reducción de las subvenciones, abriendo la puerta a que aquellas explotaciones que alcanzaran la competitividad a lo largo del periodo o estuviesen en camino de lograrla pudieran continuar extrayendo carbón. Sin embargo, este asunto tenía competencia consultiva.

En el caso de España, habrá que analizar ahora cómo encaja el Plan del Carbón 2006-2012, acordado bajo el reglamento que expira a finales de este año y que establecía la creación de una reserva estratégica de carbón autóctono, con la nueva decisión. La hoja de ruta firmada para el sector en España contempla una reducción anual de las ayudas -317,4 millones de euros en el presente año- de poco más del 2%, y vincula las mismas a la actividad y no al cierre como acordó ayer la UE. Según la norma europea, aquella empresa que quiera recibir ayudas públicas a partir de enero, debe de presentar un plan de cierre, como máximo, el 31 de diciembre del 2018.

La ayuda total concedida al sector hullero en la Unión Europea ya se ha reducido a la mitad en los últimos años, pasando de los 6.400 millones de euros de 2003 a los 2.900 millones de 2008. Las subvenciones a la producción han descendido en un 62%, hasta los 1.288 millones. En España ascienden a 317,4 millones en el presente ejercicio, a medida que se ha ido destinando una proporción cada vez mayor a cubrir los costes sociales y ambientales del cierre de las explotaciones. 

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