El Presidente Zapatero prefiere que las empresas españolas de producción eléctrica dependan del consumo del carbón español y menos de las energías renovables mediante una temeraria política energética: que el Estado continue subvencionando y reflotando una caduca minería extractiva sin viabilidad económica y la quema de un carbón nacional barato por las centrales térmicas productoras de electricidad.
Al convertir en ley unas medidas que "protegen" al carbón nacional, el Gobierno español elige ignorar las posibles vulneraciones del Derecho Comunitario sobre la competencia y el mercado interno, que prohibe a los estados miembros las medidas proteccionistas que no hayan sido específicamente aprobadas por la Comisión Europea.
El actual Presidente español de la Unión Europea pone así al descubierto el gran déficit europeísta que padece junto a la profunda falta de compromiso real con los retos ecológicos y la lucha contra el Cambio Climático que ha de afrontar la humanidad en su conjunto.
¡Vaya mal ejemplo de anti-europeismo el que está dando la recién estrenada Presidencia Española de la Unión Europea!
El Presidente Zapatero barre para casa al contradecir la ley europea común con un proteccionismo estatal en materia energética que favorece la quema del carbón de las minas españolas contrariando lo que debiera ser un único mercado eléctrico europeo. Con esta nueva ley impulsada por Zapatero, el también Presidente de la Unión Europea, se quieren dar subvenciones masivas al carbón "nacional" o "autóctono" pero sin tener el obligado visto bueno de la Comisión Europea, y sin obtener aún una respuesta oficial del departamento de Competencia de la Unión Europea, que a partir de esta semana casualmente dirige el socialista español Joaquín Almunia.
El Presidente Rodríguez Zapatero parece obviar la imparcialidad y pulcritud que debe ejercer el país que preside durante seis meses el Consejo Europeo, que en todo momento debe mostrar un respeto escrupuloso hacia el Derecho Comunitario y su estricto cumplimiento. Resulta simplemente escandaloso el que el Gobierno Español haya aprobado el Real Decreto de las ayudas al carbón por la puerta de atrás del Derecho Comunitario que regula el liberalizado sector energético.
Sin el beneplácito previo de la Comisión Europea, este triste espectáculo "antieuropeísta" es practicado por Rodríguez Zapatero, el actual Presidente de la UE. Mediante el uso de despistes, trampas y engaños de todo tipo intenta esquivar el control público de las mismas instituciones europeas y la correcta aplicación de la legalidad europea comunitaria. Un botón de muestra más de la dañada nave europea.
Alardeando de una sorprendente ignorancia de los procedimientos de la Unión Europea, la vicepresidenta Fernandez de la Vega parece ignorar las posibles vulneraciones de leyes europeas de competencia y el mercado interno cuando afirmaba recientemente que el nuevo Decreto de ayudas al carbón se aplicará durante 5 años, cuando por el contrario, el actual Reglamento de la UE sobre subsidios al carbón solo permite las ayudas estatales hasta las finales de este año 2010, y a día de hoy la Comisión Europea no ha presentado ninguna otra propuesta para la extensión de las ayudas estatales.
¡De nuevo tendremos un cielo lleno del humo que sale de las chimeneas de las centrales térmicas en vez de ser marginadas por las fuentes renovables de energía!. Estamos ante una opaca y contaminante operación que va en contra el interés colectivo y contra la misma racionalidad económica, y que de seguro tendrá unas largas y abultadas consecuencias de daño a la salud ambiental y climática común, y al mismo futuro.
Con la aprobación del Real Decreto de ayudas al carbón y dentro del plan del carbón 2006-2012 se suman más inyecciones de fondos públicos para la extracción del carbón. El pasado 29 de enero del 2010, el Consejo de Ministros aprobó unas subvenciones por valor de 275,3 millones de euros que favorecen a cinco empresas mineras del carbón, bajo la justificación de cubrir, total o parcialmente, las pérdidas de producción corriente de carbón autóctono destinado a la generación de electricidad procedente de las unidades de producción de las empresas mineras del carbón. La empresa más beneficiada por estas subvenciones es Unión Minera del Norte, que recibirá 81,6 millones de euros, en tanto que Hulleras del Norte (Hunosa) percibirá 75,4 millones. El resto de ayudas irán a Coto Minero Cantábrico (55,2 millones), Hullera Vasco-Leonesa (43,1 millones) y Minera Catalana Aragonesa (19,9 millones).
Ahora, con las nuevas ayudas aprobadas por el Real Decreto las centrales térmicas que quemarán carbón "nacional" serán las asturianas de Soto de Ribera (Hidrocantábrico-EDP) y Narcea (Unión Fenosa), las leonesas de Compostilla (Endesa), Anllares (Endesa-Unión Fenosa) y La Robla (Unión Fenosa), las turolenses de Andorra (Endesa) y Escucha (E.ON), la palentina de Velilla (Iberdrola), la cordobesa de Puente Nuevo (E.ON) y la de Endesa en Puertollano. Estas diez centrales térmicas podrán producir un máximo de 27,5 MWh (megavatios/hora) anuales con los 10,5 millones de toneladas de carbón que se producen al año en España. Con el Real Decreto se garantiza a estas diez centrales térmicas, que quemarán carbón autóctono, alrededor de 1.550 millones de euros anuales por la energía que generen, y eso sin tener en cuenta la actualización de precios prevista anualmente, que prevé un incremento máximo por ejercicio del 2 por ciento por MWh.
El argumento social de mantener unos cuantos de miles de empleos en la extracción minera de carbón a cielo abierto y de interior es la gran coartada que utiliza el gobierno español para manipular la opinión pública y para poder seguir dando artificialmente rentabilidad y beneficios a unas cuantos empresarios, que con el dinero ciudadano llenan sus arcas particulares a la vez que destruiyen el clima común y nuestra salud ambiental. Pero por el contrario, las ayudas públicas al sector podrían dirigirse únicamente a fines sociales y económicos para la reconversión de la minería del carbón en lugar de tratar de sostener una actividad empresarial sin rentabilidad económica y ambientalmente suicida. El empleo a crear debe salir de un posible "nuevo modelo económico" capaz de ser compatible con la sostenibilidad ecológica, y no de la vieja y contaminante economía industrial en decadencia. Los dineros públicos han de dirigirse a los trabajadores y familias que sufren el cierre del anacrónico, biocida y no rentable sector del carbón, y no para llenar de beneficios a unos empresarios mineros y a las compañías eléctricas.¿Como se pueden anteponer los menos de 5 mil empleos del sector minero a los 180 mil que puede generar el sector de energías renovables? ¿Por qué teme la expansión de las energías no contaminantes?
A pesar de la incompatibilidad con la ley comunitaria europea, el actual Presidente español de la Unión Europea cede ante las presiones de unos empresarios mineros amigos y de unos irresponsables sindicatos que solicitan la continuidad de sus privilegios con masivas subvenciones públicas dirigidas a reflotar económicamente actividades mineras sin viabilidad económica y altamente contaminantes del clima y de ecosistemas locales muy valiosos y protegidos por las leyes ambientales europeas.
El Presidente del Gobierno español y actualmente también Presidente de la Unión Europea: Sr. Rodríguez Zapatero, ha decidido actuar por las bravas ante la misma Unión Europea mediante una política de hechos consumados que da el visto bueno a la propuesta del Ministerio de Industria, casi cuatro meses después de ser pactada con los empresarios y sindicatos mineros.
¿En que quedan las proclamas del Sr. Zapatero en favor de la lucha contra el Cambio Climático y por otro modelo sostenible de innovación económica y basado en el conocimiento?
Con esta ley de subvenciones para el fomento de la electricidad obtenida del carbón, el gobierno de Zapatero juega a una temeraria e irresponsable insensatez: al aumento de los daños y amenazas ecológicas derivados de la continuidad de la quema de la energía fósil del carbón; al proteccionismo estatal que viola las reglas del mercado único europeo; y al apuntalamiento y trato privilegiado dado a un particular sector empresarial y sindicatos mineros.
No hay que olvidar que en todal confrontación con las medidas del Gobierno, no solo están los grupos ecologistas y los terribles datos de contaminación y catástrofe climática a consecuencia de las emisiones industriales de carbono, también están en contra de las ayudas estatales al carbón los países integrantes del G-20, la Agencia Intenacional de Energía. Los líderes mundiales de la cumbre de G-20 ha adoptado una posición clara contra las ayudas públicas al carbón: "Los subsidios a los combustibles fósiles son ineficientes porque fomentan el despilfarro, reducen nuestra seguridad energética, impiden la inversión en fuentes de energía limpias y socavan los esfuerzos para hacer frente a la amenaza del Cambio Climático". Desde la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se ha criticado recientemente la intención del gobierno español de dar ayudas al carbón en un país de la OCDE por generar distorsiones en el mercado y aumentar las emisiones de CO2.
Un tercio del carbón que se beneficiará de las nuevas ayudas públicas procede de minas a cielo abierto que destripan montañas y una valiosa biodiversidad local protegidas por el Derecho Ambiental de la Unión Europea. Numerosas han sido las denuncias ciudadanas y las sentencias judiciales españolas contra estas actividades mineras. Hasta la misma Comisión Europea ha llevado ante el Tribunal Europeo de Justicia al Gobierno Español por vulnerar la Directiva Hábitat con la minería de cielo abierto en zonas de altísimo valor ambiental reconocido internacionalmente y dentro de la europea Red Natura 2000, como el Valle de Laciana (León).
¿Como entonces se pueden otorgar masivas ayudas públicas al carbón extraído con actividades mineras de muy dudosa legalidad y con dictámenes judiciales de paralización?.
Muchas de estas contaminantes actividades extractivas son de un importante empresario minero leonés amigo del Presidente de Gobierno. Hasta la misma Comisión Nacional de Energía ha propuesto excluir a las explotaciones a cielo abierto de las ayudas públicas.
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